La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se aprobó, en Nueva York, en 2006. España participó activamente en su elaboración (especialmente el CERMI) y fue uno de los primeros países en ratificarlo, concretamente en 2008. Han pasado seis años y es una buena ocasión para analizar su complejo desarrollo y su aplicación.

 

Este es el principal objetivo del congreso organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad que se celebrará en la Universidad de Granada los días 29 y 30 de mayo, bajo el título: ‘De los derechos a los hechos’. 

 

En el congreso estarán representantes de los jueces, los magistrados, los fiscales, los abogados, los notarios, los diputados, el Gobierno, las comunidades autónomas, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo o la Universidad. 

 

Tras seis años de puesta en marcha de la Convención, convenía una revisión y sobre todo, mejorar su aplicación. Se analizará dónde se produce el mayor déficit en su desarrollo, y se debatirá sobre los recortes, las regresiones y sus consecuencias, que suponen un retroceso en relación con la situación social que se vivía en España cuando se firmó la Convención en 2008.

 

La Fundación Derecho y Discapacidad es un laboratorio de ideas. Nació en plena crisis económica (año 2010) y, por tanto, es pobre en recursos económicos pero rica en ideas y soportes intelectuales. Nació bajo el auspicio y apoyo de Juan Luis Soto, Rafael de Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno, su actual presidente (además de presidente del CERMI). Cuenta con un nutrido grupo de personas de apoyo, como su vicepresidente, Carlos Álvarez, y pretende agitar las conciencias con estudios e informes jurídicos de quienes pueden tomar decisiones, en el ámbito público, privado e institucional.

 

La democracia, que actualmente pasa por un momento delicado, necesita de este tipo de fundaciones para fomentar la participación de la sociedad civil, legitimar los derechos humanos de las personas (como el sufragio universal, al que no pueden acceder todas las personas con discapacidad) y la aplicación práctica de los derechos sociales (como la vivienda, la educación, la sanidad o el empleo).

 

El impacto de la Convención de la ONU en la legislación española puede suponer la reforma de 90 leyes (desde el Código Penal hasta la última reforma educativa aprobaba en España donde se ha omitido la propia Convención). En esto proceso falta asimilar esta norma internacional y aplicarla, lo cual puede llegar a suponer un trabajo de 10 ó 15 años. Un proyecto irreversible. 

 

En muchos países del mundo, la discapacidad es una cuestión pendiente. Es cierto que en España nunca ha habido un verdadero Estado de bienestar para la discapacidad (países como Estados Unidos o Canadá nos llevan años de adelanto). Y ahora que empezaba a instalarse en nuestro país, se ha iniciado un proceso de deterioro. 

 

También es real el valor de la marca social española, con instituciones como la ONCE o el CERMI, que han desarrollado un trabajo de inclusión social generado por el propio movimiento asociativo en donde la sociedad civil ha estado por delante del Estado y de los políticos (el año pasado España recibió el Premio Franklin D. Roosevelt, el Premio Nobel de la Discapacidad).

 

En este congreso de Granada se va a tratar de diseñar un estado de situación de cómo se está desarrollando la Convención de la ONU en España. “El tratado internacional es revolucionario, con unos mandatos y un alcance enorme, que se están encontrando con muchas resistencias en los distintos países”, comenta Luis Cayo. En este sentido, hay “un diferencial muy grande” entre "la nominalidad de lo que aparece en las leyes y lo que después ocurre en la práctica, en el día a día de las personas con discapacidad en nuestro país”. 

 

“Las leyes son muy importantes, pero no basta con ellas, sino que hay que aplicarlas, y en España hay un gran descuido en la aplicación efectiva de las leyes. Todo lo poco que se consigue en términos de derechos tiene que ser traducido en término de derechos reales”, concluye Luis Cayo.